La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Santa Fe (FEPUSFe) continúa desplegando una agenda institucional orientada a consolidar el reconocimiento jurídico y constitucional de los colegios y consejos profesionales. En este marco, mantuvo un nuevo encuentro con los convencionales constituyentes electos del Frente Activemos, Rubén Giustiniani y María Eugenia Martínez Fernández, quienes escucharon la propuesta de incluir dicha figura en el nuevo texto constitucional provincial.
Durante la reunión, los convencionales recepcionaron con interés el planteo de FEPUSFe y manifestaron su coincidencia en la necesidad de garantizar normativamente la institucionalidad, autonomía y función pública que cumplen los colegios profesionales.
En ese contexto, propusieron convocar formalmente a las autoridades de la federación para que expongan su posición cuando se inicien las sesiones de la Convención Constituyente, reafirmando su voluntad de sostener un proceso participativo y con apertura a múltiples voces.
Al focalizar el diálogo, desde el Frente se pone sobre la mesa la consulta sobre por qué no considerar también esa jerarquía para las cámaras (comerciales o industriales).
Ante ello, la vicepresidenta de FEPUSFe, CP Patricia Pérez Pla, explicó que una cámara es una asociación civil, constituida como persona jurídica privada, cuya existencia surge de la voluntad de sus miembros fundadores y se rige por normas propias. En tanto persiga el bien común de sus asociados, el Estado no tiene facultades para disolverla. Por el contrario, un colegio profesional nace por ley, es decir, se trata de una persona jurídica pública no estatal a la que el Estado le delega funciones que originalmente le pertenecen —como el control ético o la habilitación profesional—, y cuya continuidad puede verse afectada por decisiones políticas, al depender de un marco legal que puede ser modificado.
Es por eso que en esa línea, desde FEPUSFe se enfatizó que el pedido de reconocimiento constitucional no responde a una defensa corporativa, sino a la necesidad de garantizar a la sociedad una herramienta de control y confianza: contratar a un profesional matriculado significa contar con alguien técnica y legalmente habilitado, libre de sanciones que afecten su ejercicio, y sometido al control ético de su respectivo colegio.
Finalmente, Giustiniani y Martínez plantearon la posibilidad de desarrollar sesiones de la Convención no solo en la ciudad de Santa Fe, sino también en Rosario y otras localidades del interior, para favorecer la participación territorial y profundizar el carácter democrático del proceso.
Desde FEPUSFe se valoró muy positivamente esta instancia de diálogo, que refuerza el camino hacia la incorporación de los colegios y consejos profesionales en la Constitución santafesina como actores esenciales en la garantía de un ejercicio responsable, ético y regulado de las profesiones.
